La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que las investigaciones financieras emprendidas por su gobierno que permitieron identificar 13 casinos donde detectaron operaciones posiblemente relacionadas con lavado de dinero “tienen sustento legal y pruebas”, y subrayó que ninguna de ellas tiene un trasfondo político.

La manifestación de la jefa de Estado llega luego de que se informase que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó la red de casinos vinculados con operaciones de lavado de activos en ocho estados del país, tras una investigación conjunta con el Gabinete de Seguridad Nacional.

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Dos de los casinos son propiedad del Grupo Salinas, perteneciente al empresario Ricardo Salinas Pliego. se trata de «Ganador Azteca» y «Operadora Ganadora Tv Azteca». La investigación identificó que plataformas digitales “utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido” como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, “quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos”.

Los establecimientos fueron bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y suspendidos por la Secretaría de Gobernación, al considerarse de alto riesgo financiero y vinculados con estructuras del crimen organizado.

De acuerdo con la SHCP, los casinos operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, y eran utilizados para dispersar, ocultar y reinsertar recursos ilícitos en el sistema financiero mexicano e internacional.

La investigación detectó que varios de los establecimientos manejaban grandes volúmenes de efectivo y transferencias hacia el extranjero, principalmente a Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.

En tanto, las personas que habrían sido utilizadas para estas acciones, «por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”, señaló la autoridad hacendaria.

Este esquema permitía que los verdaderos propietarios de los fondos legitimaran ingresos aparentes mediante transacciones en juegos de azar, según explicó la dependencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueó las cuentas bancarias de los 13 casinos y que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, se notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para dar seguimiento a posibles delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y evasión fiscal.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación confirmó la suspensión inmediata de actividades en los establecimientos involucrados, medida que busca garantizar la legalidad de las operaciones y la protección de los usuarios no vinculados a acciones delictivas.

Según Hacienda, esta operación se enmarca en los compromisos de cooperación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Las autoridades destacaron que el uso de casinos y plataformas de apuestas continúa siendo uno de los principales mecanismos empleados por organizaciones criminales para lavar dinero, y que México refuerza su cooperación internacional para prevenir operaciones financieras ilícitas.

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